Luz verde a la privatización de la costa

Las conclusiones de la presentación del proyecto de Ley para la reforma de la Ley de Costas son claras. O no. El Ministerio de Medio Ambiente subraya en el documento que la normativa que sustituirá a la de 1988, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, “mejora la protección de nuestro litoral frente a excesos urbanísticos, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, no es una amnistía en situaciones ilegales y genera confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económicas”. Todo esto mediante la reducción de la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, el aumento hasta 75 años de las concesiones de viviendas en la playa o los períodos renovables de cuatro años de existencia para los chiringuitos, estén en la actualidad invadiendo o no la línea de los arenales. Medidas que, teniendo en cuenta que el PP presenta el proyecto de ley como “de protección y uso sostenible del litoral”, un tanto paradójicas sí que suenan.

Mientras el Congreso de los Diputados debate en el hemiciclo las 184 enmiendas al proyecto presentado por el MAGRAMA el pasado mes de octubre, dos pescadores artesanales gallegos y una integrante del equipo de Fundación Lonxanet comparten mesas redondas en Génova (Italia) con otros pescadores, cocineros, activistas y expertos de todos los rincones del mundo en la sexta edición de Slow Fish. Allí se habla, entre otras muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad de los recursos marinos, de la privatización del mar, de la costa y, por extensión, de los bienes comunes.

Es simple, tan simple como paradójico. Mientras los auténticos conocedores del medio y de sus recursos debaten y proponen modos para gestionar de forma conjunta actividades como la pesca o el consumo responsable, los representantes políticos ocupan sus escaños en el Palacio de las Cortes ante la mayoría absoluta de un partido que favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte del litoral. Mientras el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, vende su iniciativa como una reforma que “protegerá mejor la costa”, la servidumbre de protección pasa de los 100 a los 20 metros, dando así el visto bueno a las viviendas emplazadas en esos 80 metros de diferencia para olvidarse de controles y hacer obras bajo la normativa de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Ya está, el documento tiene luz verde. Toca publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y una cosa menos. Dicen quienes lo han diseñado, y aprobado, que nada de amnistías y el texto de reforma de la Ley de Costas, artículo tras artículo, suena a privatización y huele a ladrillos. Arias Cañete insiste en que él las leyes las discute “en el Parlamento”, pero la RAE define discutir como Dicho de dos o más personas, en su primera acepción, y Contender y alegar razones contra el parecer de alguien en la segunda. ¿Cómo se discute entonces en un lugar en el que la mayoría de los asientos son del mismo color político?

La mayoría absoluta es la mayoría absoluta tanto como poder construir a veinte metros del litoral es poder construir a veinte metros del litoral. Es imponer y es privatizar un bien público. ¿Algo que objetar? Amén.

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Acerca de fundacionlonxanet

"Un mar y un mundo sostenibles todavía son posibles si trabajamos muy estrechamente con los pescadores artesanales en aras de su sostenibilidad social, económica y ambiental"
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